Memoria Foro la Gestión Integral de Riesgos desde el enfoque de Derechos Humanos
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México es considerado como uno de los 30 países del mundo con mayor grado de exposición a desastres (los cuales son frecuente y erróneamente llamados “naturales”) dada la situación geográfica del país, pues ocurren al menos tres de estos eventos 90% son de tipo meteorológico1 al año. Las magnitudes de los fenómenos son variadas y se presentan especialmente en el sureste del territorio nacional.
A pesar de que el sureste mexicano es la zona más expuesta a los desastres, la Ciudad de México tiene características geográficas, geológicas y urbanas (como densidad, expansión, infraestructura, entre otras) que la identifican como un área sensible a estos fenómenos, los cuales pueden trastocar la vida de las personas que la habitan y la transitan.
Las consecuencias fatales y extendidas del “[…] creciente número de desastres experimentados en América Latina y el Caribe en la última década” forjan la relación entre el nivel de desarrollo humano y la cantidad de amenazas por riesgos de desastres al que se exponen las personas y sus comunidades. No obstante, los impactos, daños o pérdidas asociadas a estos riesgos en cada comunidad, se diferencian según las condiciones de vulnerabilidad preexistentes y los riesgos que, desde ámbitos de la toma de decisiones, se expresan en las desigualdades sociales.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el grado de vulnerabilidad se determina por una combinación de factores, incluyendo la consciencia existente sobre los peligros, las condiciones que presentan los asentamientos humanos y su infraestructura, las políticas y la administración pública, y las habilidades organizativas en todos los campos relacionados con la gestión de riesgos de desastres.
El riesgo de desastre incide de manera diferenciada en una comunidad con respecto de otras a causa de la combinación de sus condiciones sociales, económicas y ambientales. De ahí que una comunidad empobrecida que habita en un territorio degradado ambientalmente resentirá en mayor medida los efectos causados por los desastres, debido a que ellos “se nutren de las vulnerabilidades de la población y las magnifican”, lo cual significa que se multiplican las situaciones de vulnerabilidad física o social a las que son susceptibles las personas en condiciones de pobreza. Tradicionalmente, las instituciones encargadas de responder a situaciones de desastres lo han hecho de manera reactiva en razón de una visión de seguridad nacional. Con este enfoque, las personas afectadas se consideran como damnificadas y son objeto de acciones asistenciales. Al respecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) propone transitar hacia un enfoque de derechos humanos en la gestión de riesgos que, desde la planificación atienda el cómo garantizar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales reconociendo a las personas como víctimas y abarcando una amplia esfera de protección a sus derechos humanos, como la protección de ellas y sus bienes, salud, medios de vida, bienes de producción y activos culturales y ambientales.